Implicaciones de la aprobación de la reforma al Poder Judicial

Este lunes entró en vigor la reforma al Poder Judicial e inició el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. Es oficial: el primero de junio de 2025 el pueblo de México elegirá a ministros, magistrados y jueces. La ciudadanía recupera un derecho del que había sido despojada y que ahora le es reconocido a nivel constitucional, para que nadie se atreva a arrebatárselo nuevamente.

Antes del próximo lunes, el Consejo General del INE deberá tener su primera sesión y ese día iniciará la Etapa de Preparación de la Elección Extraordinaria de 2025. Por su parte, el Senado de la República deberá emitir la convocatoria para integrar los listados de aspirantes a ministros, magistrados y jueces antes del 16 de octubre de este año. Asimismo, el Congreso de la Unión deberá hacer las adecuaciones a las leyes reglamentarias antes del 15 de diciembre, y los congresos locales tendrán hasta el 15 de marzo de 2025 para modificar la legislación local y adecuarla a la reforma constitucional.

El día primero de junio de 2025 habrá elecciones de ministros, magistrados y jueces. Las impugnaciones se resolverán antes del 28 de agosto del mismo año, para que el primero de septiembre rindan protesta quienes ganen en las elecciones, y el Órgano de Administración Judicial tendrá 15 días para asignarles su adscripción.

Es oportuno recordar hoy que nuestra Constitución es "rígida". A finales del siglo XIX, James Bryce y Albert Venn Dicey, juristas británicos, introdujeron una clasificación de las constituciones basada en los procesos necesarios para reformarlas o modificarlas. Señalaron que las constituciones son "flexibles" cuando son alteradas utilizando los mismos procedimientos que se emplean para aprobar o derogar leyes comunes, lo que facilita su modificación y permite una adaptación más rápida y sencilla a los cambios sociales y políticos, como ocurre con las del Reino Unido, Nueva Zelanda o Israel. Por otro lado, indicaron que las constituciones son 'rígidas' cuando requieren procedimientos de reforma más complejos, como mayorías calificadas o requisitos especiales, superando los utilizados para leyes ordinarias. Esta rigidez garantiza la legitimidad de cualquier modificación al exigir un mayor consenso, lo que implica que solo los cambios que reflejen una amplia voluntad popular pueden ser aprobados, como ocurre con las constituciones de México, Estados Unidos o Francia.

La reforma constitucional que modifica al Poder Judicial en nuestro país requirió la satisfacción de varios requisitos especiales que aseguran que la voluntad del pueblo esté representada en ella, protegiendo y legitimando los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Los requisitos para que la reforma fuera constitucional incluían que, de los 500 diputados federales, al menos 334 votaran a favor (en los hechos, 359 votaron a favor de la reforma); que de los 128 senadores, 86 la aprobaran, tal como ocurrió la semana pasada; y que de los 32 congresos estatales y de la Ciudad de México, al menos 17 la aprobaran, siendo que al día de hoy 25 congresos locales lo han hecho.

Hay que señalar que, en los congresos locales, incluso diputadas y diputados del PRI, PAN y PRD han votado a favor de la reforma. En Oaxaca y Tamaulipas se aprobó por unanimidad. En total, 1,093 legisladores han votado a favor de la reforma y solo 359 han votado en contra; es decir, 75% a favor y solo 25% en contra.

La reforma al Poder Judicial no solo es legítima sino democrática, ya que las 1,093 personas legisladoras que han votado a favor de la reforma accedieron a sus escaños y curules por medio de votos. En total, se requirieron millones de sufragios para que esas personas se convirtieran en legisladoras y pudieran emitir su voto a favor de la reforma.

La derecha antidemocrática, amante del intervencionismo extranjero y ahora hasta violenta, que se ve reflejada en el 25% de los legisladores que han votado en contra de la reforma en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, insiste en imponer su voluntad frente a la de la mayoría representada por el 75% de legisladores que han votado a favor. En una exhibición de influyentismo y complicidad, utilizan a una jueza y jueces de distrito, elegidos de manera poco transparente por un Consejo de la Judicatura muy cuestionado, para emitir suspensiones absurdas, improcedentes, inconstitucionales e ilegales, con el fin de arrebatar el derecho de las y los mexicanos a elegir a los ministros, magistrados y jueces que les es reivindicado con la reforma.

La derecha derrotada y desesperada no frenará la implementación de la reforma, ni tampoco lo lograrán sus cómplices del Poder Judicial, porque el motor que la impulsa es el pueblo de México.