Delito. Cuando un allanamiento se comete con violencia o por más de una persona, las penas van de cuatro a seis años de prisión y multas de 288 a 432 veces la Unidad de Medida y Actualización.
Los dos municipios más poblados de la Comarca Lagunera encabezaron la cifra de denuncias por allanamiento de morada, durante el primer cuatrimestre del año.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, difundida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril del 2024 se interpusieron 24 denuncias por allanamientos contra diferentes propiedades a nivel estatal.
Sin embargo, el municipio de Lerdo concentró seis denuncias por dicho delito; mientras que en Gómez Palacio se denunciaron otros cuatro casos. Por su parte en la capital duranguense se contabilizaron siete denuncias.
En Santiago Papasquiaro se radicaron dos expedientes más, mientras que el resto correspondieron a denuncias interpuestas en los municipios de Nuevo Ideal, El Oro, Poanas, Nazas y Canatlán.
El Código Penal vigente para el estado de Durango define el allanamiento de morada como la introducción sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, sin contar con una orden de la autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita.
Pero durante el primer cuatrimestre del año 2023, la Fiscalía General del Estado reportó al organismo federal una cifra mayor de denuncias que las del 2024, al contabilizarse 36 expedientes por allanamiento a nivel estatal.
Mientras que en el periodo de enero a abril del 2022 las respectivas agencias del Ministerio Público contabilizaron 43 denuncias; en tanto que en el 2021 se reportaron 58 casos y en el 2020 se alcanzaron las 70 carpetas de investigación iniciadas por este delito.
Es decir, la cantidad previa más baja para un primer cuatrimestre se remonta al año 2019, con 22 denuncias por dicho delito del fuero común.
Las sanciones previstas por el Código Penal para las personas sentenciadas por allanamiento van de seis meses a cinco años de prisión, así como multas de 36 a 360 veces la Unidad de Medida y Actualización.