Persiste sobrepoblación en el Cereso 1 de Durango
Con una población penitenciaria estatal de cuatro mil 62 personas, Durango obtuvo una calificación general de 7.45 en el Diagnóstico Nacional Penitenciario 2023, cuyos resultados fueron dados a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Para este estudio, se tomaron en cuenta los indicadores de tres centros penitenciarios de Durango, de los cuales, el Centro de Reinserción Social No. 1 obtuvo una calificación de 6.37, el Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago Papasquiaro, de 8.33 y el Centro Distrital de Reinserción Social No. 1 “El Salto”, Durango, de 7.64.
En términos generales, Durango tuvo una tendencia positiva en las distintas variables contempladas por la CNDH.
En el desglose de variables, se dio a conocer que el Centro de Reinserción Social No. 1 permanece con sobrepoblación, ya que tiene capacidad para mil 697 hombres y 157 mujeres, pero tiene tres mil 499 hombres internos y 273 mujeres.
Asimismo, entre los aspectos a los que, de acuerdo al diagnóstico, se detectó durante la supervisión que es necesario prestar atención, se hizo referencia a que existe hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, sobrepoblación y falta supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
Además, se detectaron deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores, así como insuficientes o inexistentes instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.
Sobre las condiciones de gobernabilidad, se señalaron deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, falta de normatividad que rige al centro.
Se observó la deficiente integración del expediente técnico-jurídico, deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades, así como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Asimismo, se observó una adecuada atención en los siguientes rubros: Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior, condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas, ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno), inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos), personal de seguridad y custodia, vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad y atención a personas indígenas.