Personas violentadoras no podrán ser candidatas

El pasado 8 de marzo se conmemoro el Día Internacional de la Mujer, fecha con un amplio valor histórico, ya que representa la lucha de décadas de las mujeres por conseguir la igualdad de género, la participación plena en todos los ámbitos de la vida y reivindicar su reconocimiento en la sociedad.

Lo anterior se encuentra íntimamente ligado al derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia, lo cual implica que el Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para prevenir y detener la violencia en su contra, y generar un entorno en el que las mujeres puedan disfrutar plenamente de todos sus derechos.

En este contexto, se han logrado avances significativos, como el hecho de que, el pasado 28 de abril de 2023, el Senado de la República aprobó la reforma que elevó a rango constitucional la medida "3 de 3" contra la violencia de género, estableciendo en el artículo 38 de nuestra Carta Magna que las personas que hayan sido sentenciadas por actos de violencia de género no podrán ser registradas como candidatas, ni podrán ser nombradas para empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Lo anterior contempla a delitos cometidos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, o el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violencia política contra las mujeres en razón de género, e incorpora también a los deudores alimentarios.

Por su parte, el Congreso Local hizo lo propio, y el 20 de julio del mismo año fue publicada, en el Periódico Oficial del Estado, la reforma al artículo 69 de la Constitución Local, estableciendo como requisito para ser diputada o diputado no haber sido sentenciado con resolución firme por la comisión de delitos contra la mujer.

Con la aprobación y entrada en vigor de dichas reformas, se contempló la importancia de que las mismas tuvieran su primer acto de aplicación en el actual Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

En ese sentido, uno de los retos que implica para las autoridades electorales es el de verificar que las personas candidatas cumplan con la medida "3 de 3" contra la violencia de género, y no validarlo, únicamente, con la presentación de una carta bajo protesta de decir verdad.

Por tal razón, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) celebró convenio de colaboración con el Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), a fin de establecer los mecanismos para dicha verificación, en este caso, el cumplimiento de los requisitos de las candidaturas a diputaciones locales, al garantizar el intercambio de información oportuna para materializar las disposiciones constitucionales.

¿De qué manera funcionará dicho convenio? De acuerdo con el calendario electoral, del 22 al 29 de marzo es el periodo en el que los partidos políticos y las coaliciones llevarán a cabo el registro de sus candidaturas; hecho lo anterior, dentro del periodo de revisión con el que cuenta el IEPC, enviará al PJED la relación de las personas postuladas, para verificar que no se encuentren en ninguno de los supuestos previstos, tanto en la Constitución Federal como en la Local; así, dentro del plazo de 3 días naturales, el PJED remitirá al IEPC el listado de las personas que se encuentren en dichos supuestos.

Con esa información, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo General del IEPC a más tardar el 4 de abril, aprobará, o no, las candidaturas presentadas.

Aunado a lo anterior, y con el objetivo de implementar estrategias en beneficio de las mujeres y sectores en desventaja, el IEPC convocó a las distintas autoridades del Estado, partidos políticos, organizaciones empresariales y de la sociedad civil, a suscribir el "Pacto social por un proceso electoral libre de violencia política contra las mujeres y grupos y sectores en desventaja", el cual tiene la finalidad de fortalecer la participación política de las mujeres, así como evitar todo tipo de violencia y discriminación contra estos grupos de la sociedad.

Con estas medidas, en el IEPC nos comprometemos a ser vigilantes de que en este proceso electoral no se ejerza ningún tipo de violencia contra las mujeres y que ninguna persona violentadora de ellas sea registrada como candidata.

* El autor de esta colaboración es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).