Reforma judicial
Las señales del régimen respecto a su siguiente gran reforma, la del Poder Judicial de la Federación, han sido, hasta ahora, contradictorias, al menos en la forma.
Quienes acompañan al Presidente de la República, a unas semanas de dejar el poder pero que quiere exprimir hasta el último minuto del uso de sus facultades constitucionales y meta constitucionales que ha utilizado a lo largo de su sexenio, quieren dejar aprobada la reforma constitucional.
Quienes acompañan a la próxima Presidenta de la República dan señales de que prefieren que la reforma se procese bajo un esquema que implique diálogo, a nivel parlamentario y con los distintos grupos sociales involucrados en esta reforma, independientemente de que la iniciativa se apruebe sin cambios radicales.
Estas contradicciones han puesto nerviosismo a los mercados internacionales, depreciando el peso en alrededor de 10% y requiriendo de declaraciones por parte de la próxima Presidenta y de su equipo para calmar la desconfianza de los grandes fondos de inversión.
Cualquier régimen autoritario requiere, por definición, la subordinación de los poderes que lo integran, generalmente alrededor de una figura carismática. La iniciativa de reformas al Poder Judicial de la Federación es el último movimiento del régimen para dejar la mesa puesta al siguiente gobierno para que cualquier decisión de gobierno que tome, en cualquier sentido, no pueda ser modificada.
Después de una exitosa campaña para ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, de la cual quedó a solamente dos o tres curules en el Senado de la República (falta la definición de las impugnaciones ante el Tribunal Electoral), el gobierno federal ha comenzado su siguiente jugada estratégica, crucial para lograr un gobierno sin contrapesos: el control del poder judicial.
Sin embargo, el México que está inserto en un mundo global e interconectado que tenemos a comienzos del siglo XXI es muy diferente al mundo de los años sesenta y setenta con que tanto se identifica el actual Presidente. No hay posibilidad de que las inversiones extranjeras fluyan de una manera continua si no existe seguridad jurídica.
Las inversiones extranjeras del sector privado son necesarias dado que ninguno de los tres niveles de gobierno puede realizar las inversiones en infraestructura que se requieren para asegurar la competitividad de las empresas que quieran aprovechar los efectos positivos para el país del "nearshoring", la relocalización de las cadenas de manufactura y distribución para ubicarse cerca de los centros de consumo, que en nuestro caso son los Estados Unidos.
Si la visión maniquea de la realidad que tiene el actual Presidente de la República gana en esta lucha de poder entre el gobierno saliente y el entrante y el poder judicial se convierte en un apéndice de quienes gobiernen a nivel federal y local, los mercados internacionales tomarán nota y seguramente actuarán en consecuencia, deteniendo el ritmo de inversiones hasta que exista seguridad jurídica en nuestro país, o, en su caso, pedirán garantías para llevar cualquier proceso judicial en sus países de origen, además de exigir una tasa de retorno para sus inversiones mucho más alta por la inseguridad jurídica que enfrentan sus activos en territorio nacional.
X: @jesusmenav