Seguridad. Las denuncias en las que se plasmó el uso de la violencia representaron el seis por ciento de los robos denunciados de enero a noviembre en el estado de Durango.
Durango registró la cifra más baja de denuncias por robos cometidos con la agravante de la violencia, de los últimos años.
Dicho comparativo corresponde al periodo de enero a noviembre, considerando los datos concentrados en la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La gráfica, que se elabora con base en los reportes que mensualmente emite la Fiscalía General del Estado, estableció que en los primeros 11 meses del año 2024 se denunciaron 249 robos violentos a nivel estatal.
Esta cantidad reflejó una reducción del 16 por ciento con respecto al periodo enero-noviembre del año 2023, cuando las respectivas agencias del Ministerio Público captaron 296 denuncias.
Sin embargo, la cifra más alta del periodo en comparación corresponde al año 2022, cuando los datos oficiales establecieron que hubo 799 robos violentos a nivel estatal.
Mientras que en el lapso de enero a noviembre del 2021 se contabilizaron 476 robos violentos, por 467 que se reportaron para el mismo periodo del año 2020.
La paulatina disminución en las cifras de denuncias por robos que contaron con la agravante de la violencia se ha reflejado de igual manera en los casos concentrados por municipios. Por ejemplo, durante el 2024 se denunciaron 193 casos en el municipio de Durango, 44 en Gómez Palacio y solamente tres en Lerdo.
Por el contrario, el año pasado en la capital duranguense se concentraban 214 expedientes; otros 32 en Gómez Palacio y 27 en Lerdo.
En tanto que durante el año 2022 las autoridades ministeriales concentraban 239 robos violentos en el municipio de Durango, otros 407 expedientes se radicaron en el municipio de Gómez Palacio y 129 atracos fueron en Lerdo.
El uso de la violencia, así como sus diferentes modalidades, está establecido en el Código Penal del Estado y prevé un incremento de tres a 10 años de prisión y de 216 a 720 veces la Unidad de Medida y Actualización a las penas previstas por el delito de robo.