Durango y Teuchitlán, espejos de la barbarie
A Durango y Jalisco los unen dos historias muy similares, aunque desgarradoras. El reciente y macabro hallazgo en Teuchitlán, donde fueron encontrados restos humanos en un campo de reclutamiento y exterminio, es un eco del horror que nuestro estado vivió allá por el año 2011, cuando fueron localizadas las llamadas fosas clandestinas, el vestigio más crudo de nuestra crisis de seguridad.
Hace ya casi 14 años, un 11 de abril de 2011, en el fraccionamiento Las Fuentes, autoridades federales descubrieron el primero de muchos cementerios administrados por la delincuencia organizada que salpicaron la capital y otros municipios como Lerdo, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Cuencamé. La magnitud del hallazgo rebasó cualquier expectativa: entre 350 y 383 cuerpos fueron recuperados, según distintas fuentes.
El entonces gobernador Jorge Herrera Caldera, quien había asumido el cargo en 2010, enfrentó como pudo una crisis sin precedentes. Su administración, heredera de la violencia que venía "in crescendo" a partir de los últimos años del sexenio de Ismael Hernández Deras, nunca consiguió dar respuestas contundentes a la sociedad duranguense pero sobre todo a los familiares de los desaparecidos.
De los cuerpos exhumados, solo una parte fue identificada. Para el resto, el destino final fue la fosa común del cementerio Valle de los Sabinos, donde unos 200 cadáveres fueron inhumados sin que nadie pudiera reclamar justicia por ellos.
Aunque nunca se confirmó oficialmente, el propio gobernador Herrera Caldera sugirió que la mitad de los cuerpos podrían ser de personas vinculadas con el crimen organizado, mientras que el resto serían víctimas de secuestro o policías desaparecidos. No obstante y más allá de conjeturas, lo que quedó claro fue el desdén con el que las autoridades manejaron la tragedia.
El Servicio Médico Forense colapsó ante la cantidad de restos recuperados, lo que obligó a almacenar los cuerpos en frigoríficos móviles estacionados en los patios de la propia Fiscalía General. Cuando se trató de recuperar los cuerpos de las fosas, no se tomaron las mínimas precauciones forenses: se usaron excavadoras que trituraron los restos, dificultando aún más su identificación.
En aquel momento, la Fiscalía General contaba con el equipo necesario para realizar pruebas de ADN y así identificar los cuerpos. Sin embargo, no disponía de los recursos para ponerlo en funcionamiento. Se estimaba que se requerían entre cinco y seis millones de pesos para su operación, cantidad con la que no se contaba o no se quiso contribuir. Ante esta situación, se solicitó apoyo a los estados de Zacatecas, Chihuahua y Aguascalientes.
Durango se convirtió en un símbolo de la crisis humanitaria que ya se vivía en México, pero que apenas comenzaba a hacerse visible. El escándalo atrajo la atención de medios nacionales e internacionales, así como de organismos de derechos humanos, pero con el paso de los años, el tema se fue diluyendo en la memoria colectiva. Al final, no hubo responsables, no hubo justicia, no hubo verdad.
Durango y Jalisco son solo dos capítulos de una historia que se repite una y otra vez en México. Donde es evidente que la impunidad sigue reinando; donde la tierra seguirá escondiendo sus muertos, y las familias seguirán buscando con la esperanza de encontrar, aunque sea, una ligera veracidad de lo que ocurrió. ¿Cuántas fosas más deben abrirse para que el Estado deje de sepultar la verdad?
EN LA BALANZA.- La renuncia de Martín Vivanco a la candidatura de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Durango expone una vez más el cómo los conflictos personales pueden escalar hasta impactar el ámbito político. Más allá de su versión sobre una supuesta campaña de desprestigio, el señalamiento por violencia de género cobra relevancia en un contexto donde la exigencia de justicia para las mujeres es cada vez más fuerte. Más que un conflicto entre particulares, lo que está en juego es la credibilidad de quienes buscan representar a la ciudadanía.
CERROS SECOS Y PELONES... La contienda por la alcaldía de Gómez Palacio será una batalla entre dos fuerzas políticas: Morena con Betzabé Martínez al frente, y el PRI-PAN con Raúl Meraz. Aunque los números de 2024 favorecen a Morena, cada elección tiene su propio contexto, y esta vez no habrá el arrastre de una elección presidencial. La ventaja de Betzabé radica en su reciente triunfo en el Distrito 2, pero también tiene el reto de consolidarse sin el efecto Sheinbaum. Por su parte, Meraz busca capitalizar el respaldo de la estructura oficial. Movimiento Ciudadano, con Omar Castañeda, está prácticamente fuera del juego.
X: @Vic_Montenegro