Hacia una elección equitativa: registro y campañas electorales

El proceso electoral es el pilar fundamental de cualquier democracia, pues permite la renovación pacífica del poder y garantiza la representación ciudadana en los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, su eficacia y legitimidad dependen de que cada una de sus etapas se desarrolle con apego a la legalidad, equidad y transparencia. En este sentido, hay momentos clave que determinan la calidad del proceso y su impacto en la vida política del país.

Uno de los aspectos más relevantes es el registro de candidaturas. La legislación electoral establece las reglas que deben cumplir los partidos políticos y las candidaturas independientes, incluyendo plazos, requisitos y lineamientos. Entre los criterios fundamentales se encuentra el principio de paridad constitucional, que garantiza un equilibrio entre personas de diferentes géneros y busca consolidar una democracia más representativa.

En los últimos años, se han implementado mecanismos para evitar la simulación de la paridad, como los bloques de competitividad, que impiden que las mujeres sean postuladas en distritos o municipios con menor posibilidad de triunfo.

Además, los órganos electorales y jurisdiccionales han promovido acciones para asegurar que los Congresos estatales y Ayuntamientos queden conformados de manera equitativa. De esta manera, se busca que la paridad no solo se refleje en el registro de candidaturas, sino también en la efectiva distribución del poder político.

Siguiendo estos criterios, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango recibirá del 22 al 29 de marzo las planillas de candidaturas para la elección de las y los integrantes de los Ayuntamientos, presentadas por coaliciones, candidaturas comunes, partidos políticos y aspirantes independientes.

La resolución sobre su procedencia se emitirá a más tardar el 4 de abril del presente año, marcando un paso crucial en la configuración de la contienda electoral municipal.

Finalizado el registro, iniciará la etapa de campañas electorales, donde quienes aspiran a un cargo público tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas a la ciudadanía. Este ejercicio es vital para fomentar el debate y la participación informada.

No obstante, para que sea equitativo, debe desarrollarse bajo condiciones justas. La normatividad electoral establece reglas claras respecto a los topes de gasto de campaña, el origen de los recursos y el acceso a los medios de comunicación. Además, se prohíbe la propaganda negativa, con el objetivo de evitar expresiones ofensivas o difamatorias y promover una contienda basada en propuestas.

Estas regulaciones buscan garantizar que la competencia electoral no se vea influenciada por desigualdades económicas o ventajas indebidas. En este sentido, la fiscalización del gasto electoral es una herramienta clave para la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos y privados destinados a las campañas.

Las elecciones de ayuntamientos son fundamentales, ya que determinarán la composición de los gobiernos municipales, responsables de servicios públicos esenciales y del desarrollo local. Asegurar un proceso electoral transparente y equitativo en este ámbito contribuirá a garantizar una representación ciudadana que atienda las necesidades de la comunidad.

El término de las campañas electorales da paso a la jornada electoral, en la que la ciudadanía ejercerá su derecho al voto, un momento soberano que merece un respeto total.

En un sistema democrático, las elecciones no solo definen la distribución del poder, sino también reflejan el nivel de madurez política de una sociedad. Por ello, es fundamental que este proceso se lleve a cabo con apego a los principios democráticos.

Se invita a los actores políticos y a la ciudadanía a participar de manera responsable y a celebrar una contienda justa, libre y estable, sin presiones ni actos que comprometan la integridad del proceso electoral. Solo así se fortalecerán nuestras instituciones y se garantizará que los resultados reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo.

* La autora de esta colaboración es Consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC).