Juez bloquea orden ejecutiva de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un decreto que dictaminaba que las personas nacidas en el país, tanto de padres indocumentados como de personas con visa de trabajo o turismo, no podrían obtener la ciudadanía por nacimiento, este jueves 23 de enero un juez bloqueó la orden ejecutiva.
Previo a la toma de protesta de Trump el pasado lunes 20 de enero, un funcionario entrante adelantó que uno de los objetivos del nuevo presidente sería acabar con la ciudadanía por nacimiento, con el objetivo de frenar la migración a Estados Unidos.
Apenas unas horas después de que Trump asumió el cargo de presidente, por segunda ocasión, firmó una orden ejecutiva para darle fin a la ciudadanía para hijos de migrantes indocumentados, y personas que se encontraran en EU con estatus legal “temporal”.
Este jueves, el magistrado del distrito federal John C. Coughernour, en Seattle, consideró que la orden es “inconstitucional”, puesto que la ciudadanía por nacimiento se encuentra vigente en Estados Unidos desde 1868, poco después de la Guerra Civil, cuando de aprobó una Enmienda que establece que:
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen."
Sobre el tema, el magistrado declaró: "He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”.
De haberse aprobado la ciudadanía por nacimiento, en la práctica impediría que el Departamento del Estado emitiera pasaportes a dichos niños, y que la Administración de Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posiblidad de trabajar legalmente en el país.
Demandan intento de acabar con el derecho
Previo a que el Juez bloqueara la orden ejecutiva de Donald Trump, 22 estados con gobiernos demócratas interpusieron el pasado martes una demanda en el intento del presidente por acabar con el derecho.
La decisión de Coughenour estará en vigor durante 14 días, tiempo en en que podrían presentar recursos en su contra, según detallaron medios locales.