La 'justicia' que viene

El día de ayer, 30 de marzo, arrancaron campaña más de 3,400 candidatos para los diferentes cargos del Poder Judicial de la Federación, entre los que se incluyen el Pleno de la Suprema Corte de la Nación y el poderoso Tribunal de Disciplina Judicial, que será el encargado, en la práctica, de salvaguardar los intereses del régimen político de cualquier juez o jueza que pudiera actuar con libertad de criterio jurídico y así demorar la "transformación" del país mediante sentencias.

La campaña que recién inicia para ocupar los principales puestos del poder judicial a nivel federal es el último clavo en el ataúd con el que se enterrará el contrapeso institucional que le faltaba por cooptar al régimen político que hoy domina el país.

Lo que hoy atestiguamos es el mismo camino que han seguido los regímenes autoritarios del pasado, en cualquier latitud del mundo: cooptar las instituciones judiciales para asegurar lealtad y apoyo irrestricto al régimen político y a sus decisiones, por impopulares que éstas puedan ser.

Hoy tenemos a militantes del régimen político como candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprometidas con la "transformación" del país. No puede esperarse que militantes con una ideología afín al régimen actúen como juristas comprometidos con la aplicación del derecho y que decidan en función de expandir los derechos de las personas.

Los asuntos que lleguen al sistema jurisdiccional del país, cuyo máximo nivel es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se decidirán en función de la importancia del asunto en cuestión para el régimen político que hoy domina. Los argumentos jurídicos que se puedan plantear pasarán a segundo plano: la decisión se tomará en función de si se detiene o se perjudica la "transformación" del país o no.

La protección de los derechos humanos que se puedan violar derivado de actos del gobierno, como por ejemplo el daño ambiental causado por la construcción del tren maya, pasará a segundo plano; lo importante será, y seguramente así lo argumentarán, proteger el derecho de las mayorías al desarrollo económico y turístico que supuestamente traerá la construcción del tren.

La "justicia" que viene ya se asoma por la ventana. Un caso a analizar es la sentencia de una jueza de la Ciudad de México contra el ex rector de la UNAM y al ex director de una facultad de estudios superiores de la UNAM para pagar 15 millones de pesos por la afectación a una asesora de tesis que tuvo bajo su asesoría varias tesis con sospecha de plagio.

El sentido común dicta que la autoridad universitaria investigue y sancione las faltas que se pudieron haber cometido. Como en este caso, se puede esperar que la impartición de justicia en este régimen político se utilizará para reprimir y para amenazar a los opositores. Esto es lo "normal" en cualquier régimen autoritario: se endurecen las penas mediante leyes a modo que limitan derechos (libertad de opinión, etc.) y se utiliza al aparato judicial para implementar las sanciones que inhiben la oposición al régimen.

Nadie pone en duda la popularidad del régimen que hoy gobierna y la popularidad de sus principales exponentes. Cualquier régimen autoritario que haya comenzado a gobernar a través del voto, tiene, por definición, el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Lo que preocupa es lo que ha venido después en cualquier régimen autoritario: los cambios institucionales para limitar derechos, el uso del aparato de justicia para aislar a los críticos del régimen y evitar que participen en elecciones.

X: @jesusmenav