Normalización de la degradación
Desde hace muchas décadas el país ha vivido una campaña de propaganda gubernamental para "normalizar" conductas y hechos que estaban encuadrados como delitos en diversas leyes, pero que nunca fueron castigados.
La corrupción rampante en los años setenta y ochenta, los delitos electorales que se cometían elección tras elección durante el régimen de partido único, el control gubernamental a los medios de comunicación para controlar la información que llegaba a la sociedad, la llamada "guerra sucia" en contra de quienes se levantaron en armas contra el gobierno en los setenta, los abusos de las fuerzas de seguridad en contra de los ciudadanos.
Poco a poco se fueron dando avances por el avance de las fuerzas de oposición al régimen político de aquel entonces, éstos se tradujeron en la creación de nuevas instituciones para la protección de derechos humanos, para la protección de los derechos político electorales, entre un largo número de instituciones que el avance de este nuevo régimen político ha destruido en poco tiempo.
El punto que quiero hacer notar en esta entrega es que, lamentablemente, estamos regresando a los tiempos de la normalización de conductas ilícitas, en buena parte debido a que el régimen político se apropió de todos los espacios institucionales de la vida pública, eliminando en la práctica cualquier contrapeso institucional.
Dejo sobre la mesa un par de ejemplos para ilustrar el argumento que quiero hacer en esta entrega. El primero es el cambio de narrativa respecto a los desaparecidos en México, problema que se puede analizar desde lo sucedido en lo que, en un primer momento, grupos de buscadores de personas desaparecidas, denominaron como un campo de entrenamiento y exterminio en Teuchitlán, Jalisco.
Desde hace semanas el gobierno federal ha anunciado que los homicidios han disminuido en el país, con lo que presume que su estrategia de seguridad ha tenido éxito. Lo que desde el sexenio pasado no se ha explicado es la relación entre el aumento de personas desaparecidas y la disminución de homicidios.
Lo que grupos de la sociedad civil e investigadores en temas de seguridad pública sostienen como hipótesis es que en realidad una cantidad importante de personas reportadas como desaparecidas en realidad fueron asesinadas.
Cuando los colectivos de personas buscadoras de desaparecidos entraron al terreno en cuestión encontraron cientos de artículos personales y, de acuerdo a notas periodísticas, también denunciaron la existencia de crematorios artesanales con restos presumiblemente humanos, lo que se viralizó en redes sociales.
La respuesta del gobierno federal: esperemos a la investigación, la fiscalía es autónoma. Después de comenzar la investigación, la autoridad duda que existan pruebas fehacientes de que hubiera sido un campo de exterminio, aunque acepta que hay restos humanos ahí y que pudo haber servido como "campo de entrenamiento".
La "normalización" de estos delitos es parte de la degradación social e institucional que se ha acelerado durante el régimen político que se ha instaurado en el país. La "leva" por parte del crimen organizado se normaliza, el despojo de tierras por parte del crimen organizado, como la que sucedió en ese rancho de Teuchitlán, se normaliza, no hay denuncias por el miedo de los despojados a ser asesinados, no hay investigaciones, no hay justicia para las víctimas que son amenazados y despojados de sus bienes y su libertad.
El otro caso que simboliza el regreso a la época del partido único es el de una senadora del régimen que sin rubor presume una campaña de salud que, de acuerdo a notas periodísticas, puede costar alrededor de 10 millones de pesos mensuales, según ella pagados por la "clase empresarial".
De acuerdo a la senadora, llevar servicios de salud a la población no tiene nada de criticable. Lo que el cinismo del régimen, al igual que hace 60, 70 u 80 años, no reconoce son las probables conductas ilícitas que representan los conflictos de interés presentes en la relación entre el poder económico y el poder político, que suponíamos separados, según lo expresado por el anterior Presidente de la República, independientemente de los delitos electorales que pudieran configurarse por la promoción anticipada de una servidora pública.
X: @jesusmenav