Situación. Aseguran que los trabajadores despedidos fueron seleccionados con anticipación como las personas que más cuestionan a sus superiores, desde personal médico hasta administrativo.
La Secretaría de Salud de Durango hizo caso omiso a las mesas de diálogo solicitadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) para atender la situación de los trabajadores de salud despedidos. Ante esta falta de respuesta, los afectados han iniciado procesos legales en su contra.
Hasta el momento, la cifra de trabajadores dados de baja asciende a 600. Sergio Galán Aguilera, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que la STyPS intentó llegar a una conciliación y lograr una separación en buenos términos. Sin embargo, las autoridades de Salud evitaron el diálogo y prolongaron la situación sin ofrecer soluciones.
"Para nosotros, el tiempo es un factor clave. Al notar la falta de disposición por parte de la Secretaría de Salud y para evitar que se nos vencieran los plazos legales, decidimos interponer las denuncias, tanto individuales como grupales", explicó Galán Aguilera.
El representante de los trabajadores despedidos indicó que, hace dos semanas, la cifra de afectados era de 300, pero hoy ya asciende a 600.
Asimismo, denunció que la Secretaría de Salud busca fincar responsabilidades penales a los trabajadores despedidos para evitar el pago de sus finiquitos. Explicó que las autoridades intentan justificar estas acciones acusándolos de la falta de equipo o medicamentos, o señalando que no acuden a laborar.
No obstante, aseguró que los trabajadores despedidos han seguido asistiendo diariamente a sus centros de trabajo y documentando que no se les permite el ingreso, con el fin de evitar que se les acuse de abandono de empleo.
El Siglo de Durango