'El INAI debe actuar en caso Hacking team'

El caso Hacking team revela la impunidad y la mentira sistemática de autoridades de todos los niveles, que han negado la compra de software para espionaje.

Jesús Robles Maloof, abogado, defensor de derechos humanos, especialista en derechos de Internet y activista que forma parte de la organización civil Enjambre Digital, expone la mentira en que incurrió la Secretaría de Marina (Semar), particularmente, al negar la adquisición del programa para espionaje de Hacking Team, aun cuando consta en la información filtrada por WikiLeaks en su momento.

"En junio del año pasado, antes de que se conociera la filtración de Hacking team, Enjambre digital solicitó información a la Semar sobre la compra de ese software y la dependencia respondió que no lo habían adquirido. Ahí tenemos un funcionario que mintió en una solicitud de información, que dijo una falsedad y por ello nosotros estamos por iniciar una denuncia penal".

Robles Maloof asegura que las autoridades del gobierno mexicano mintieron, "de manera sistemática y deliberada", y prueba de ellos son todas las negativas de información a las solicitudes que presentaron periodistas y otras personas que investigaban el tema de la adquisición de software para espionaje, desde 2014.

Enjambre digital ubicó, además de su propias solicitudes de información, aproximadamente 2,000 solicitudes sobre software de vigilancia, afirma Robles Maloof. "Todas son públicas y están disponibles en la página de Infomex, y todas fueron negadas".

Por eso considera "imprescindible" que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tome cartas en el asunto.

"El INAI debería decir: aquí hay evidencia fuerte de que hubo compra de equipo y existen negativas de acceso a la información, porque hay funcionarios que sistemáticamente mintieron y cuyas versiones contrastan con las filtraciones de la empresa italiana Hacking team, de la inglesa Gamma Group y de otros leaks", advierte el defensor de derechos digitales, quien también se desempeña como abogado senior de la organización civil internacional New Media Advocacy.

Robles Maloof también considera que en el caso Hacking team debería involucrarse la Secretaría de la Defensa Nacional. "Aunque parece improbable, la Sedena podría revisar a todos los que tienen software de espionaje, pues el tema podría caer en el ámbito de seguridad nacional, porque este tipo de software deberían clasificarlo como un arma tecnológica", dice.

El Congreso y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen su parte en esta historia, explica, pues toca a los legisladores federales obligar la rendición de cuentas de las autoridades federales y al órgano auditor fiscalizar los recursos públicos que destinaron para la adquisición de ese tipo de programas.

"En los informes de la ASF, desde 2013, no aparece ni siquiera la palabra software. No sabemos si por decisión propia o por política, la ASF se ha alejado de auditar la compra de software", afirma.

Muchos vacíos en la ley

El asunto es todavía más grave si se trata de los gobierno locales, advierte. "La Suprema Corte de Justicia de la Nación "ha dicho que estos no tienen facultades de combate al crimen organizado. Sus funciones se limitan a labores de colaboración por las que no deberían adquirir armamento o software destinado o justificado bajo el rubro de espionaje".

Lamenta, sin embargo, las pocas vías legales que hay para refutar la palabra de los gobiernos. "En el caso de Enjambre digital por lo menos tenemos una solicitud que afortunadamente fue previa a lo de Hacking team. Si fuera posterior también lo negarían, pero en este caso es importante porque fue previa y tenemos base legal para argumentar".

A Robles Maloof también le preocupan los vacíos legales que permiten a gobierno y autoridades de todos los niveles la adquisición de este tipo de programas de espionaje. "No deberían ser adquiridos", afirma.

"Las características de éste y otros software es que no sólo intervienen comunicaciones de personas para las que eventualmente pudiera haber autorización judicial previa. Sus características también permiten quebrar la seguridad de toda una red y de manera legal".

Como abogado, es muy claro al advertir la Constitución asienta que las comunicaciones privadas son inviolables. "Toda comunicación, sea por internet, llamada o mensajería, es inviolable. Es el único caso en que la Constitución menciona la palabra inviolable. Otorga a las comunicaciones un espectro particularmente protegido".

En ese sentido, agrega, en los casos que la autoridad requiera intervenir una comunicación, sólo por excepción, deben ser los jueces y el Consejo de la Judicatura quienes lo autoricen. No obstante, dice, hay otro ámbito donde el tema del espionaje es mucho más ambiguo y hay que poner el foco. "Se trata del ámbito de la seguridad nacional, que permite la vigilancia y el monitoreo de comunicaciones sin supervisión judicial y eso hay que combatirlo sistemáticamente".

¿Qué es Enjambre digital?

Esta organización se constituyó en 2015.

⇒ Es un grupo de personas que lucha por la libertad humana frente a la tendencias que desarrollan a la tecnología como instrumento de control social.

⇒ Sus líneas de acción son: hacer investigación sobre las capacidades de vigilancia masiva del los gobiernos y su impacto en las personas.

⇒ Proporcionar asesoría y acompañamiento legal para usuarios y desarrolladores de internet.

⇒ Participar en discusiones públicias sobre Internet y la vigilancia masiva.

⇒ Promover prácticas de uso y desarrollo de servicios descentralizados con cifrado punto a punto, y comunicaciones seguras como elementos para la construccón de la libertad en Internet y proporcionamos talleres de autoprotección digital.