Es tan repugnante la forma como el fondo en la ruin confabulación urdida por Kamel Nacif, un virtuoso del lenguaje, un esteta de la palabra, condiciones que ahora conocemos añadidas a su vileza, para castigar a Lydia Cacho por haberlo mencionado en su libro Los demonios del Edén, como protector del delincuente Jean Succar Kuri. Es, sin embargo, más repugnante la complicidad con que contó, del gobernador de Puebla Mario Marín y de funcionarios dependientes de él (incluida no sólo la Procuradora sino también la Jueza involucradas en el asunto, aunque formalmente esta última pertenezca a un poder distinto).
Alguien interceptó llamadas telefónicas de Nacif, esperó unas semanas y entregó grabaciones de las mismas a Blanche Petrich, de La Jornada, y a Carmen Aristegui, de W radio. Al difundirlas, ambas periodistas actuaron con la inteligencia y el valor que las caracteriza. Hablo de valor porque se pusieron en el riesgo, están ahora en el peligro que se ha concretado en Lydia Cacho, sometida a proceso por la ruin maniobra a la que se prestó (o se alquiló) el Gobernador poblano. Debe recordarse que es ilegal la escucha telefónica, no la difusión de sus contenidos, sobre todo cuando como en este caso se trata de temas de interés público.
Desde diciembre mismo, cuando la periodista y activista civil fue detenida por agentes poblanos en Cancún, y trasladada en virtual secuestro, que ya formaba parte del castigo imaginado por Nacif, quedó clara la arbitrariedad del Gobernador, que en declaraciones públicas (con una frase empleada también en su amena conversación con Nacif) decretó antes aun de que se dictara el auto de formal prisión, igualmente previsto en la maniobra, que Lydia Cacho había cometido un delito y que en Puebla el que delinque es un delincuente y debe pagar sus culpas. Los telefonemas interceptados corroboran la participación del Gobernador en el montaje y trazan su propio retrato político y moral, el de su interlocutor y amigo y el de otras personas escuchadas o aludidas en las conversaciones grabadas. El origen de la intercepción no es irrelevante y debiera ser establecido, aunque los protagonistas no han mostrado el menor interés en denunciar los hechos. Tal vez con su abstención quieren privilegiar la burda y pueril defensa del Gobernador, que niega la plática y hasta supone que su voz fue imitada como se hace en los programas paródicos. Por cierto que el vocero de Marín, Valentín Meneses, dedicado a desestimar los hechos, ha conseguido que por comparación ahora pensemos que Rubén Aguilar Valenzuela, el portavoz presidencial, es un genio de la comunicación y la política.
Una consecuencia jurídica inmediata de las conversaciones debería ser la rápida conclusión del juicio penal que en Quintana Roo se sigue contra Lydia Cacho, con sentencia absolutoria. El valor protegido por el delito de difamación es el honor, la buena fama de las personas, y Nacif no puede ahora (antes tampoco, aunque intentó hacerlo) argüir a favor de su honra, que no existe seguramente ni en su imaginación. Lydia Cacho ha quedado, a su vez, en situación de formular denuncias en contra de su acusador, por orquestar la maniobra que la condujo presa a Puebla, donde celadoras solidarias la salvaron de agresiones ya "recomendadas".
Pero aun mayor que la del propio Nacif es la responsabilidad que en el caso resulta para Marín, "mi gober precioso", como lo llama su cómplice antes de ofrecerle una, dos botellas de coñac por los servicios prestados. No se calcule, sin embargo, que el Gobernador es tan barato. La intervención en los diálogos telefónicos de Luis Ángel Casas, que reunió el apoyo empresarial para Marín en la campaña que lo llevó a la gubernatura, sugiere que Nacif había hecho las aportaciones que hicieron después atendible su pedido de castigar a la mujer descrita por ambos rufianes en términos que más los describen a ellos que a la destinataria de sus soeces expresiones.
Aunque es previsible que en ambos casos Marín contaría con el apoyo de su partido en la Legislatura local y en la Cámara federal de Diputados, debe ser acusado por la oposición para que se le someta a juicio político. Aunque en el Congreso local el PRI cuenta con 26 de las cuarenta bancas, los diez panistas, los dos perredistas y los diputados del PT y Convergencia, uno cada uno, deben fundar invocar la Constitución local en defensa de la integridad de las instituciones poblanas.
Establece la fracción II del artículo 125 de esa Constitución que mediante juicio político el Gobernador puede ser destituido e inhabilitado por "violaciones graves a la Constitución del Estado" o por incurrir en "actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho".
Así obró Marín al ordenar a su Procuradora atender el pedido de Nacif para procesar a Lydia Cacho y al festejar el coscorrón a esa vieja cabrona, según se regodeó ante su amigo, también violó gravemente las garantías individuales de la periodista y por lo tanto quedó en la hipótesis del segundo párrafo del articulo 110 constitucional, que hace posible el juicio político a los gobernadores en el ámbito federal. Como el PRI dispone del grupo mayor en San Lázaro puede impedir que la Cámara de Diputados acuse a Marín ante la de senadores. Pero...
Pero el PRI debería medir, si la corrupción de Montiel le costó 14 puntos a Madrazo en las encuestas, cuántos más costará solapar a Marín...