Ley aprobada es un arma para 'fraude'

La Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión, es un "arma" del Gobierno en contra del pueblo para "reprimirlo y ahogarlo en sangre" cuando salga a protestar por el megafraude electoral que se planea para 2018, dijo Alejandro Solalinde Guerrera, sacerdote y activista defensor de los derechos humanos, en entrevista con SinEmbargo.

"Este Gobierno en lugar de preocuparse por escuchar a la gente, a su pueblo, ya está haciendo un arma contra el pueblo, para reprimirlo y ahogarlo en sangre, porque no se van tentar el corazón para hacerlo", afirmó el padre.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada la madrugada de este viernes en el Senado de la República con 71 votos a favor (del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista), con 34 en contra y tres abstenciones; para luego, durante las primeras horas de la mañana ser aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular sin respetar procesos, ni tiempos y con sólo 262 legisladores en el pleno.

"Eso ya se ve claro: es para reprimir a los que seguramente estaremos totalmente inconformes con el magrafraude que se viene como pasó en el Estado de México y Coahuila. Estamos viendo una dictadura militarizada con ese grupo perverso, mafioso de los tecnócratas. Esas personas que se han apoderado desde hace años de México y lo han convertido en una dictadura", dijo Solalinde Guerra.

El sacerdote previó que en 2018, de concretarse ese "megafraude electoral", la población no se quedará callada.

"La gente tiene que despertar. No nos vamos a quedar callados ni tranquilos", consideró.

Alejandro Solalinde lamentó que el Congreso de la Unión aprobara una Ley que fue criticada por voces autorizadas del país y del extranjero.

Organizaciones civiles, expertos, defensores de los derechos humanos, actores y la oposición en México llamaron a no aprobar la Ley de Seguridad Interior por considerarla en detrimento de los derechos humanos, las garantías individuales y ambigua.

Jan Jarab, representante de la Oficina en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una carta al Senado de la República expresándole en 14 puntos su preocupación en torno a la Ley.

Algunos de esos puntos son: la ambigüedad de conceptos, la violación al principio de necesidad, el papel indebido de las Fuerzas Armadas, el sometimiento de la autoridad civil al mando militar, la ausencia de controles, la ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, la indebida regulación del uso de la fuerza, la indebida protección y garantía de los derechos humanos, las afectaciones a la protesta social, la ausencia de transparencia, entre otras.